Negarle a la democracia española su legitimidad para permitir que la justicia actúe ante los que quieren dinamitarla es, desde hace décadas, el objetivo del nacionalismo catalán: si España es un Estado fascista, sin separación de poderes y en el que se encarcela a la gente por sus ideas, entonces las aspiraciones secesionistas ya no son la pura expresión de insolidaridad, hispanofobia y desprecio a los españoles, sino el único remedio de los demócratas para librarse de la losa española. Parece obvio, pero desde 2012 hasta el golpe de Estado, el subvencionado y hegemónico separatismo logró convencer a buena parte de la sociedad catalana y a muchas élites españolas de que levantar un muro entre españoles era una cuestión de democracia y no de racismo.
En esa tarea fueron cómplices necesarios los mismos que posibilitaron el abrazo de José Luis Rodríguez Zapatero a los cordones sanitarios a la derecha: esa opinión pública eternamente fascinada con la idea de que España aún tiene que ser penitente por su pasado franquista. La incapacidad de la izquierda para asumir con normalidad que la Constitución de 1978 y el modelo de ciudadanos libres e iguales es el mayor triunfo de modernidad y progreso ha sido un gran combustible para el nacionalismo, subido siempre de manera oportunista al carro de las “carencias democráticas” y del manido Spain is different para ir avanzando en su ingeniería social. Todo eso les valió hasta que en 2017, en un rapto, dejaron de disimular para abrazar la insumisión a las leyes y la vía delictiva en lo que creyeron -con permiso del Tribunal Supremo- era la culminación de su camino hacia la independencia.
Por aquellos hechos, los líderes separatistas fueron (a) enviados a prisión en un ejercicio democrático por parte de nuestros tribunales, (b) arrinconados políticamente por las fuerzas constitucionales que se opusieron al golpe y (c) notablemente amonestados en las urnas por una parte de la sociedad catalana que les arrebató el 50% de los votos para que no volvieran a hablar en su nombre. Un paréntesis luminoso, ha dicho alguna vez Cayetana Álvarez de Toledo, con mucho tino. Y, sin embargo, aunque se siga hablando de “pasar página”, hoy mismo lo ha hecho el presidente del Gobierno, lo cierto es que los hechos de 2017 siguen siendo el centro gravitacional de la política española. No es para menos un golpe de Estado.
Lamentablemente, lo que les hace protagonistas de la conversación pública no son las lecciones que deberíamos haber sacado quienes aún creemos en la democracia española, sino la cotas de poder que Pedro Sánchez les ha entregado para que ya no tengan la necesidad de delinquir para conseguir sus objetivos políticos. No sólo ha concedido el indulto a los condenados sino que ha despenalizado la sedición y abaratado la malversación, además de haber conformado un intérprete de la Constitución -no Íñigo Urkullu, sino el TC- comprensivo con las aspiraciones secesionistas, al estilo de esa izquierda española que parece envidiar que el nacionalismo tenga la coartada identitaria de la que ellos carecen para oponerse a España desde las entrañas, quiero decir la identidad. En fin: que Sánchez ha liquidado ningún procés: lo ha instalado en la Moncloa y de ahí salió ayer disparada su vicepresidenta Yolanda Díaz para reunirse con Carles Puigdemont y los que aún no han rendido cuentas por el golpe asestado a España. Si en España se han negociado Presupuestos en una cárcel, por supuesto que los prófugos terminarán decantando investiduras.
Sin embargo, lo peor de la fotografía de Díaz, que es como si fuera el mismo Sánchez, con Puigdemont no es que de ahí puedan salir votos verdes de Junts para Sánchez, sino la legitimidad que en nombre de España se le otorga a quienes intentaron liquidar a España. Por eso las concesiones antes enumeradas son tan graves, porque bajo los indultos y la amnistía la única conclusión a la que puede llegar cualquiera es que a los líderes separatistas no les quedó más remedio que delinquir y por eso ahora la principal víctima de sus actos -el Estado- no tiene sólo que perdonar sino olvidar en nombre de todos los españoles el profundo desgarro que causaron.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no sólo están legitimando como interlocutores a delincuentes. No sólo están reescribiendo el golpe de Estado: están dando legitimidad a todos y cada uno de los pasos del separatismo contra nuestra democracia. Ni la gestión de Prisiones, ni una un régimen fiscal singular, ni las competencias en materia de Seguridad. La peor cesión que se le puede entregar a los nacionalistas es darles la razón.
Andrea Martínez Molina 