Este domingo, españoles de toda condición estaban llamados, prácticamente en cada rincón del país, a secundar las movilizaciones en defensa de la igualdad y la separación de poderes o, lo que es lo mismo, en contra de la ilegal amnistía que pretende perpetrar Pedro Sánchez. En la última semana, cualquier persona no necesitada de autoengaño podía augurar una elevada participación en la jornada dominical: bastaba con atender la espontaneidad con la que decenas de miles de ciudadanos se han organizado de manera pacífica para hacer uso de sus deberes cívicos con la única herramienta que tienen, su voz.
Era de esperar que no quisieran entenderlo así en la Moncloa y en todas sus terminales. Los diputados, ministros y portavoces socialistas, comunistas o nacionalistas llevan días validando una propaganda interesada que reduce el malestar de una parte no desdeñable del pueblo español a las imágenes de violencia cuyo cupo en pantalla es muy superior al porcentaje que representan sobre el total de los manifestantes. El conjunto de los contrarios a la amnistía, al contrario de lo que ha pasado con otras protestas violentas de signo separatista o de ultraizquierda, no hablamos de los detenidos como ‘presos políticos’, la prensa afín no justifica ni empequeñece el vandalismo y la oposición no está llamando a los violentos a “apretar”. Pero todo esto al PSOE le dio igual y fió el fracaso de este domingo al espantajo de la ultraderecha, creyendo que la treta les funcionaría una vez más.
No ha sido así. La jornada no fue menos histórica que la semana que la precedió. Si estos días se sucedían, incesantes, comunicados y manifiestos de instituciones y asociaciones de todos los ámbitos (judicatura, colegios profesionales, historiadores, empresarios), el domingo fue el turno de los ciudadanos que recogieron el testigo acudiendo masivamente a las calles. El éxito del domingo debe medirse por cómo las imágenes de las multitudes corroboran un argumento menor desde el punto de vista jurídico pero poderosamente contundente políticamente: esa (al menos) media España contra la que Sánchez quiere aquilatar sus alianzas periféricas territorial y moralmente existe y tiene ganas de decirlo.
Así que es a todos ellos a los que se dirigió de manera insultante y amenazante el “editorial” que el PSOE tuvo a bien publicar en la tarde del domingo. Tras un silencio prolongado horas por parte de los voceros socialistas, todo lo que el partido que protagoniza esta afrenta a la Constitución tuvo que decir el 12N fue un texto bajo el título ‘No serán estos los que nos dobleguen’. Si querían dirigirse a la ínfima minoría violenta, tuvieron muchos días para hacerlo, pero no: eligieron el domingo y prueba de ello es esa redacción apresurada, repleta de errores gramaticales y de puntuación.
Hay algo que vale la pena destacar del panfleto, más allá de lo (in)formal. En él se califica la movilización ciudadana como “un salto al vacío que debe ser respondido con toda la fuerza de nuestro Estado de Derecho”. Mezclando las amenazas y actos vandálicos con las protestas pacíficas, el PSOE se atribuye la potestad de usar al “Estado” para combatir las segundas. Esto es peligroso por dos motivos. El primero, como explicamos aquí, porque con la amnistía, la motivación política pasa a ser lo que determina si una acción es delictiva: esto quiere decir que los culpables pasan a ser inocentes a capricho y, cruzada esa línea de arbitrariedad, ¿por qué no podrían ser culpables los inocentes por la misma motivación política de signo contrario? Pues a eso abre la puerta esta perniciosa frase, a la persecución ideológica, al verdadero lawfare que pretende la amalgama de socios que va a cimentar el nuevo Gobierno. Pero también la abre al fin de la alternancia política, por cuanto es en la oposición encabezada por el PP en quien el comunicado elige personificar el anhelo de millones de españoles libres.
El PSOE no sólo ha menospreciado la movilización, sobre todo, ha menospreciado el daño que Sánchez está infligiendo al Estado de Derecho y la determinación de los españoles a defenderla. La España constitucional es una comunidad política de ciudadanos a los que la ley hace iguales en derechos y libertades, pero es también una red de afectos que no vamos a permitir que se rompan sin oponer resistencia. Pasar por encima de la democracia tiene un precio y hoy los españoles se lo hemos puesto: si Sánchez quiere seguir adelante con su plan, no podrá hacerlo sin contestación. No sé si “doblegados”, pero más de un dirigente socialista tendrá que agachar la cabeza ante sus votantes. Bienvenido sea: si los mayores damnificados del éxito de la voladura de la Constitución vamos a ser los españoles, a nosotros y a nadie más nos corresponde en última instancia evitarlo.
Andrea Martínez Molina 