Del elogio al desnudo

Uno se pasma ante la inagotable capacidad de estupefacción que causa siempre la vuelta a las esencias. Como mínimo resulta entrañable el empeño con que la tiranía publicitaria -una que aqueja con tesón- persigue ese retorno a lo primario. En un calculado ejercicio de mercadotecnia, Pablo Iglesias, que tras tanta metáfora nupcial debió creerse en los zapatos del novio desolado, buscó consuelo en su compañero Xavier Domènech y le plantó un beso en los morros durante la sesión de investidura el pasado miércoles. Con ese volver a la piel los señores de Podemos, a pesar de lo que interpreta alguna prensa, no buscaban el asombro ante el afecto entre machos, sino la mofa de lo que ellos consideran una cámara de representación viciada de origen y cuyo remedio pasa por darle aspecto de teatro para facilitar así su posterior derribo.

La idea de que ‘la gente normal’ irrumpa en el Congresopara devolverle la decencia no se sostiene sin la lógica latente que distingue entre la pureza y la mancilla….

Lea el artículo completo en El Subjetivo.

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Soberanía catalana: hermanos y extranjeros

En el más reciente episodio del vodevil secesionista el menjunje de señoritos satisfechos y bien amamantados que es la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) emplea su descanso dominical en la escenificación de un nuevo berrinche que pospone la enésima coronación del candidato llamado a presidir la Generalitat, Artur Mas. En capítulos anteriores, el número cuatro en las filas de Junts Pel Sí (JxSí), una coalición que voló la derecha catalana e incorporó a gentes más modestas -ahí están los humildes de Llach y Guardiola, indiscutibles patronos del pulso de la sociedad catalana-, ya se había deshecho de la corbata a condición de salvar el cuello.

Pero a los cuervos criados de la CUP, cuyo aposentamiento en la adolescencia eterna les ha acostumbrado a sonrisas condescendientes y a laxos correctivos, no les ha bastado con la nueva oferta descafeinada de Mas. Este nuevo desplante al presidenciable de JxSí ha enfadado a los más irascibles adalides de la confluencia independentista, que vienen a ser como esos padres que no esperan a llegar a casa para reprender un mal comportamiento. Comprendo que las amenazas de estallar en llanto de personajes como Pilar Rahola sirvan como detonante para las risas enlatadas de quienes recelamos de la bajeza moral del nacionalismo, pero no puede ser este un episodio simpático para la convivencia en Cataluña.

No puede serlo esencialmente porque no supone novedad alguna. La hostilidad del nacionalismo para con los catalanes se salda una vez más con el silencio de la mayoría, a saber: aquellos que no votaron a ninguna de las dos formaciones separatistas y que son relegados nuevamente a meros espectadores de la vida política catalana, reservada exclusivamente para los desleales. De entre todas, la mayor ficción del nacionalismo catalán es la expulsión de millones de ciudadanos de su corpus de soberanía.

El discurso nacionalista alude a conceptos vacíos como la pluralidad o la transversalidad de la sociedad catalana, cuando en realidad se refiere a la distancia ideológica -estética, mejor- entre separatismos. Resulta que la escena pública catalana debate no sobre la liquidación o la continuidad de la soberanía española sino sobre si los catalanes vetan los derechos del resto de los españoles en una Cataluña constituyente o en una embargada.

En ese sentido se expresan -inconscientes, claro, de su osadía- los distintos líderes del secesionismo, que han decidido abrir la veda y empezar a hacer uso de términos como ‘fractura’. Ellos, que vienen negando que exista la mínima división entre catalanes por cuestiones identitarias, tienen la desfachatez de sugerirlo ahora que son sus filas las que se quiebran. Gabriel Rufián, el cabeza de cartel de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para las elecciones generales, suplicaba a sus rebeldes compatriotas cuperos que cesaran la “lucha fratricida”. Ese enfrentamiento del que habla el republicano excluye a la mayoría de los catalanes contrarios a la secesión, y confirma que, por supuesto, no forman parte de la supuesta hermandad catalana: son, en el mejor de los casos, extranjeros con los que se habrá de lidiar mientras se fragua el nuevo Estado insumiso.

Desde que el nacionalismo catalán comenzó a culpar al resto de los españoles y al lastre de la estructura estatal de la que forman parte de todos sus problemas, muchos españoles, catalanes o no, han advertido que lo que hay en juego, primordialmente, es la convivencia entre catalanes. Unos han decidido levantarse contra los otros, sin importarles siquiera cuánto tengan que desdibujar la soberanía catalana. Ese concepto que tanto abanderan no significa nada para ellos: de ahí su lectura interesada de los resultados electorales y el posterior moldeado del debate público, que entre risotadas y hartazgo, deja sin voz a quienes sí optaron en las urnas por una Cataluña con ellos, a pesar de todo.

Bajo el oxidado

El inagotable Manuel Chaves Nogales deja vislumbrar en sus crónicas y reportajes la que sea seguramente una de las mentes más lúcidas en el contexto de la Guerra Civil española. Molestó a los republicanos e incordió a la par al bando nacional. Hay que tener una atinada mirada y un enorme talento para conseguir aquello en tales otoños. Cualquier lectura de Chaves Nogales vale la pena aunque sea sólo para disfrutar de un oasis crítico simultáneo al conflicto bélico. Los textos del sevillano, escritos con maestría, suponen no únicamente un testimonio de las miserias intelectuales y morales de la época, sino además una auténtica garantía de la altura de miras y un tesoro de incalculable valor a la profesión periodística.

Vengo a rescatar fragmentos que no pertenecen a sus mejores escritos; mas no es tarea sencilla ponerse a retratar Cataluña, ora desde dentro ora desde a fuera. Chaves Nogales ejerció de corresponsal del diario Ahora en la ciudad de Barcelona a inicios del 36. Sus publicaciones están recogidas en ¿Qué pasa en Cataluña?, volumen que la editorial Almuzara revisó el año pasado aprovechando la “situación política catalana” (tal y como la etiqueta el programa Els Matins de TV3).

“En Cataluña hay, por encima de todo, un hondo sentido conservador que se impondrá fatalmente. Yo no sé si los hombres de la Esquerra, profesionales casi de la revolución, se resignarán a aceptarlo. Si no lo hacen, peor para ellos. El nivel más alto del izquierdismo en Cataluña se consiguió el día de les elecciones, cuando hasta muchos hombres de la Lliga desertaron del Frente Catalán de Orden y votaron a la Esquerra. A partir de aquel día, el sentido izquierdista de Cataluña empezó a decaer.”

Barcelona, 26 de febrero. (Ahora. Madrid. 28-2-1936)

“La rebelión del 6 de octubre hubiera sido explicable si el señor Companys y los hombres de la Esquerra hubiesen querido realmente hacer una revolución. La política derechista que les sirvió de pretexto hubiese sido comprensible si la finalidad que perseguían era la extirpación del régimen autonómico. Resulta, en fin de cuentas, que derechas e izquierdas están de acuerdo en mantener el Estatuto. Ni la Esquerra quiere más ni la derecha menos. ¿Se puede saber entonces para qué se han comido el sapo de la reacción y la rebelión mitad por mitad?

Barcelona, 27 de febrero. (Ahora. Madrid. 29-2-1936)

Empero, la mayor sorpresa que esta lectora ha encontrado en el recientemente leído ejemplar corresponde a una entrevista que el periodista realiza a Amadeu Hurtado, un hombre al que Chaves Nogales cataloga como “un liberal”. Hurtado trabajó codo con codo con Francesc Macià (en Esquerra Republicana) y fue un activo defensor del Estado catalán, así como un claro contribuyente a la redacción del Estatuto catalán de 1932. A pesar de ello, el político, tal y como deja escrito en su dietario personal, Abans del sis d’octubre (un dietari) editado por Quaderns Crema, acabó asumiendo una postura muy crítica con la manera cómo el nacionalismo catalán y en concreto Lluís Companys condujeron a la Generalitat de Cataluña al incumplimiento de la ley. El libro es de gran valor. Chaves Nogales no debió escoger azarosamente a un hombre que ya en el 36 cogió distancias con las causas que siempre defendió.

“Es imposible personalizar a la masa; es eso: la masa, la gente que anda por la calle y llena las oficinas, los talleres, los cines y los campos de fútbol. Lo que desde luego puede asegurarse es que no se trata de la gente encuadrada en los partidos políticos y controlada por los líderes. Los hombres de los partidos podemos seguir creyendo que las masas nos siguen y que los votos que nos otorgan los hemos conquistado con nuestras ideas. Pero no pasa de ser una vana ilusión. Hoy, ningún político tiene votos; se han acabado los incondicionales, los partidarios. Y si los hay, subsisten las clientelas políticas, su insignificancia numérica es tal que ante la decisión de las masas no controladas nada valen. El voto que nos concede esa muchedumbre es cada día más restringido y condicional. Es nuestro en tanto que nuestras ideas políticas se ajustan al sentimiento actual de las multitudes. Y nada más”.

(Ahora. Madrid, 11-3-1936)

El otro día, el buen amigo Biel Figueras, me vino a traer una brillante cita célebre del escritor Mark Twain, que reza lo siguiente: “La historia no se repite, la historia rima”.

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De odios y masas

Julien Benda realiza en 1927 una denuncia del abandono por parte de los intelectuales de la búsqueda de los valores universales y eternos que la tradición objetivista situaba por encima de cualquier otra regla intelectual –es decir, moral-. Con la publicación de La Trahison des clercs el escritor acusa a los clérigos, a los trabajadores de las ideas, de organizarse políticamente y renunciar a la racionalidad en (des)virtud de las pasiones que toda ideología despierta y de que posteriormente se sirve para así construir su particular discurso argumental, que le haga justicia emocional.

Dada la no tan anómala circunstancia en que el intelectual emprende la búsqueda de argumentos para implantar la superioridad de una determinada ideología, señala Benda en qué consiste la traición que da nombre a su obra. Resulta inequívoco afirmar que son inseparables las ideologías de las pasiones en tanto que las primeras son altamente dispares y a la vez se creen conocedoras y poseedoras de la verdad absoluta: esto implicaría conceder a los ideólogos que existe más de una certera manera de llegar a lo universal. Cuando esto sucede, poco importan la supremacía de la razón o la voluntad del conocimiento sobre el bien y el mal.

El escritor francés pone ejemplos de dichas ideologías que habían infectado o  empezaban a acechar con fuerza en Europa, como lo son el imperialismo, el socialismo y el nacionalismo. Son conocidas las emociones de que dependen estas tres corrientes para resultar ser fructíferas y penetrar en la sociedad. Los mitos pretenciosos de explicar la realidad aunque sea pagando el peaje de la falsificación y la ocultación de la verdad les son comunes a todas las tendencias totalitarias. Benda se detiene a detallar bastamente lo que el observa y decide catalogar como “pasiones nacionales”, entendidas como los argumentos -creados por los intelectuales- que pretenden sustituir a la razón con el fin de justificar la patria, la grandeza, y la defensa de la nación.

Así pues, bautiza el autor el siglo XX como el siglo de La organización intelectual de los odios políticos. No es casual el salto de “pasiones” a “odios”. Como se iba diciendo, entre las páginas que Benda dedica a las pasiones nacionales se ahonda especialmente en la naturaleza de estas. Del mismo modo que el socialismo tiene en su núcleo el sintagma motivador de “lucha de clases” en que la burguesía se erige como el enemigo de la clase obrera, el nacionalismo busca también un enemigo opresor, que acostumbra a ser la un país mayor, una nación más grande cuya existencia supone la negación de la nación que reivindican las pasiones. De ahí el odio: creado el enemigo, no se le debe ceder a esta el mínimo atisbo de comprensión o simpatía, simplemente hay que plantear la existencia del rival como un impedimento al desarrollo de la propia identidad colectiva.

Sin embargo, es la inmensa capacidad de penetración en la ciudadanía que poseen las ideologías lo que más preocupa a Benda. Y en este sentido cabe subrayar la importancia que da el escritor francés a la existencia del periódico como elemento determinante de la opinión pública de las multitudes. En 1927, año de publicación de la obra, ya debía observar Ortega y Gasset el fenómeno que tan bien relató en La rebelión de las masas y cuyo discurso acompaña tan bien la radicalidad de las ideologías que se apoderó del pensamiento de la mayoría de ciudadanos y que aquí se pretende describir. Así pues, resulta evidente que la irresponsabilidad de los intelectuales lo es en tanto su inconciencia a la hora de politizar a las masas sin miramientos. Qué duda cabe que los hechos posteriores hubiesen acontecido de una manera mucho menos estruendosa si los posicionamientos adoptados los hubiesen compartido los intelectuales entre ellos a modo de relación epistolar y con voluntad conciliadora.

Puede que llegados a este punto, el lector, a sabiendas que estas líneas se escriben a 22 de septiembre de 2013 desde Cataluña, entienda por donde van los tiros. La exposición anterior se debe principalmente a dos motivos, que son los que a mi modo de ver se han apoderado de la sociedad catalana.

El primero es la masificación del sentimiento nacional: se han convertido en reivindicaciones multitudinarias la identidad catalana y la exigencia de –cuando menos- un marco jurídico distinto al del resto de españoles (dret a decidir). Estamos delante del despertar de una pasión nacional que acaricia ahora a un gran nombre de ciudadanos hasta la fecha indiferentes ante la cuestión. Con ayuda del tan característico atributo humano de la mímesis, los medios de comunicación leales a la élite política (cuyos ideólogos son los intelectuales que Benda retrata) han contribuido a la multiplicación del fenómeno.

El segundo asunto del que también se alertó en La Trahison des clercs tal y como se ha explicado, es la creación de todo nacionalismo de un supuesto enemigo con el que es imposible convivir. En este caso, la existencia –con base a la pertinencia de Cataluña- de España supone para los catalanes la negación de su identidad, de sus derechos democráticos y de su desarrollo cultural. Es así en tanto que se reivindica la identidad catalana frente al rechazo a ser españoles, nada más allá ni más acá. Este discurso goza de mucho fuelle entre la opinión pública catalana y será difícil cambiar la percepción –a la que han contribuido muchos intelectuales- de España como una caverna etnocida. Y es falso.

 “Los mitos pretenciosos de explicar la realidad aunque sea pagando el peaje de la falsificación y la ocultación de la verdad les son comunes a todas las tendencias totalitarias.”

No es cierto que la cultura española –o castellana, para precisar como no hacen los nacionalistas- haya perseguido a la lengua o a la cultura catalanas desde siempre. Muestra de ello fue el Maifiesto de los escritores castellanos en defensa de la lengua catalana (1924), o la Exposición del Libro Catalán en Madrid en Diciembre de 1927, o la visita a Cataluña de los intelectuales castellanos en marzo de 1930. Estos hechos, que el escritor Xavier Pericay detalla minuciosamente en su último libro Compañeros de Viaje. Madrid-Barcelona 1930, tuvieron lugar en plena dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Esa España es el enemigo.

Cierto es que la etapa más oscura de nuestra historia contemporánea vino de la mano del más casposo nacionalismo español con la dictadura del general Francisco Franco: se persiguieron la lengua y la cultura catalanas de una manera absolutamente injustificable.

Durante la dictadura se prohibió la difusión del manifiesto de 1924 y de los discursos recogidos de los encuentros de 1927 y 1930 anteriormente mencionados. No fue hasta 1976 cuando Joaquim Ventalló, miembro de ERC decidió publicar la literalidad de lo que el consideraba “importantes intentos de comprensión” entre la intelectualidad catalana y la castellana. Fruto de su voluntad conciliadora, el periodista y candidato de ERC en las municipales de 1931 –otros tiempos alejados de la democracia constitucional actual- intentó recuperar el espíritu de superación nacionalista que a su entender evitaría que se cometieran viejos errores.

La condena al régimen autoritario va por delante de lo que más allá de mis líneas pueda interpretar el lector, pero mis lamentos acaban aquí porque son bien conocidos, igual –quiero esperar- que las enormes muestras de comprensión que hubo entre Cataluña y el resto de España durante la Transición hacia la democracia y que recuerdan a las fechas mencionadas anteriormente (1924-1927-1930).

Así pues, situémonos en la tesitura actual y evaluemos quién actúa ahora como la caverna, quien esconde esta voluntad de entendimiento entre Cataluña y el resto de España. En nombre de la nación catalana se está falseando la historia, acogiéndose a mitos desmentidos hasta la saciedad como los hechos de 1714, se están promulgando sandeces que sugieren una rivalidad de 300 años entre Cataluña y España –cómo si una pudiese existir sin la otra-.

Lo más grave de todo, es que las premisas que tanto emocionan a la masa son asumidas como verdades incuestionables, o cuestionadas únicamente por revisionistas –es lo más bonito que a uno le pueden llamar hoy los nacionalistas-. Es por ello que, el análisis que se ha intentado hacer aquí concluye con la necesidad vital de desmontar la idea de España como un Estado poco democrático y desmitificar todo lo que envuelve la voluntad de separar a Cataluña de éste. Como ciudadanos españoles, los catalanes debemos dejar de tolerar las descalificaciones a la democracia haciendo uso del sentido común y de los hechos históricos que, los de verdad, están de parte de los que abogan por calmar las reivindicaciones nacionales de la nueva –treintañera- caverna, no sea que, de tanto vilipendio se acabe alimentando al único enemigo real de todos los ciudadanos, inexistente prácticamente hoy en día, que es el más que condenado nacionalismo español.

A. Marmol

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Ens va passar la majoria

Comencen a ser comuns entre la opinió pública afirmacions que sentencien què és democràtic i què no. Donada la complexitat del concepte descrit tan minuciosament per Walter Lippmann, no és sorprenent el fet que es donin múltiples contradiccions entre les dispars interpretacions que es fan amb la democràcia com element legitimador de segons quines accions, fets, declaracions o intencions.

D’entrada aquesta situació planteja una anomalia gravíssima que es desprèn o bé de raonaments erronis per part d’alguns líders polítics, o del que és encara més greu, del fet que cadascú esculli la seva democràcia i basant-se en aquesta concepció legitimi les seves pròpies decisions. En cas de tractar-se d’això segon suposaria tot plegat un profund engany a la ciutadania en tant que els propis mitjans de comunicació de masses errarien de ple en la seva tasca, ja que de democràcia només n’hi ha una i només d’una manera pot ser entesa. Com a forma de govern, la democràcia és simplement tot i res alhora: és atorgar el poder públic a representants que subordinen ipso facto aquest poder a la totalitat de l’electorat, garantint així els drets individuals dels ciutadans.

De què serveix, doncs, ostentar un poder si no es fa servir per una contundent causa política dirigida exclusivament als seus votants? Com és lògic, aquest abandonament de la capacitat per exercir el poder amb els fins propis de la democràcia provoca un blindatge de la potestat per expandir i promulgar ideologies i creences amb ambicions generalitzadores. Aquesta és la millor manera que existeix per parlar de democràcia, perquè comporta no només la prevenció de totalitarismes sinó la irrenunciable necessitat del respecte a les minories.

Compartit tot l’exposat, l’anàlisi sobre el que és o deixa de ser democràtic hauria de fer-se tenint en compte aquesta idea de democràcia com a sistema d’organització i amb plena consciència d’allò que és exigible a tot govern per sobre de qualsevol proposta o decisió que d’ell sorgeixi: el respecte a les minories i als drets i llibertats individuals del conjunt dels ciutadans.

Per aconseguir aquestes dues premisses tan bàsiques com necessàriament consensuades, la missió de tot govern passarà de manera inequívoca per la capacitat de gestionar la pluralitat dels individus que han acudit lliurement a les urnes per a decidir atorgar-li el poder. D’aquí l’aposta que de tant consens gaudeix pel diàleg, la negociació, el respecte i la tolerància, elements que d’altra banda resulten incompatibles amb l’amenaça o la coacció que caracteritza als règims dictatorials en general.

Arribats a aquest punt i amb la teoria apresa, ens predisposem a observar què li succeeix a la democràcia catalana. Què s’ha fet per gestionar la pluralitat existent a Catalunya? Cal preguntar-se –i és molt necessari fer-ho- si el govern autonòmic ha usat el poder per garantir la convivència dels catalans així com els seus drets i llibertats o si en canvi la seva aposta ha perseguit l’expansió d’una idea amb l’ajuda de les eines de què disposa tota autoritat pública.

A partir d’aquí que cadascú –perquè les democràcies són totes iguals però no així els individus- observi i decideixi què n’ha quedat de la tasca de la democràcia catalana. Que esculli entre interpretar la hipotètica celebració d’una consulta com un triomf de la democràcia o un estrepitós fracàs pel que fa al compliment de les funcions que s’esperen de tot govern democràtic.

A. Mármol

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Nos pasó la mayoría

Empiezan a ser comunes entre la opinión pública afirmaciones que sentencian qué es democrático y qué no. Dada la complejidad de dicho concepto descrito tan minuciosamente por Walter Lippmann, no es sorprendente el hecho de que se den múltiples contradicciones entre las dispares interpretaciones que se realizan con la democracia como elemento legitimador de según qué acciones, hechos, declaraciones o intenciones.

De entrada esta situación plantea una anomalía gravísima que se desprende o bien de razonamientos erróneos por parte de algunos líderes políticos, o de lo que es más grave, del hecho que cada cual escoja su democracia y basándose en ella legitime sus propias decisiones. De tratarse de lo segundo supondría esto un profundo engaño a la ciudadanía en tanto que los propios medios de comunicación de masas errarían de lleno en su labor, pues democracia sólo hay una y sólo de una manera puede ser entendida. Como forma de gobierno, la democracia es simplemente nada y todo a la vez: es otorgar el poder público a representantes que subordinan ipso facto ese poder al completo electorado, garantizando de ese modo los derechos individuales de los ciudadanos.

¿De qué sirve, entonces, ostentar un poder si no se utiliza para una contundente causa política dirigida exclusivamente a sus votantes? Como es lógico, este abandono de la capacidad para ejercer el poder con los fines propios de la democracia provoca un blindaje de la potestad para expandir y promulgar ideologías y creencias con ambiciones generalizadoras. Esta es la mejor manera que existe para hablar de democracia, porque comporta no sólo la prevención de totalitarismos sino la irrenunciable necesidad del respeto a las minorías.

Compartido lo expuesto, el análisis sobre lo que es o deja de ser democrático debería hacerse teniendo en cuenta esta idea de democracia como sistema de organización y con plena conciencia de aquello que es exigible a todo gobierno por encima de cualquier propuesta o decisión que de él surja: el respeto a las minorías y a los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

Para conseguir estas dos premisas tan básicas como necesariamente consensuadas, la misión de todo gobierno pasará de manera inequívoca por la capacidad de gestionar la pluralidad de los individuos que han acudido libremente a las urnas para decidir otorgarle el poder. De ahí la apuesta que de tanto consenso goza por el diálogo, la negociación, el respeto y la tolerancia, elementos por otro lado incompatibles con la amenaza o la coacción que caracteriza a los regímenes dictatoriales en general.

Llegados a este punto y con la teoría aprendida, nos predisponemos a observar qué le sucede a la democracia catalana. ¿Qué se ha hecho para gestionar la pluralidad existente en Cataluña? Cabe preguntarse –y es muy necesario hacerlo- si el gobierno autonómico ha usado el poder para garantizar la convivencia de los catalanes así como sus derechos y libertades o si de lo contrario su apuesta ha perseguido la expansión de una idea con la ayuda de las herramientas de qué dispone toda autoridad pública.

A partir de aquí que cada cual –porque las democracias son todas iguales pero no así los individuos- observe y decida qué ha sido de la labor de la democracia catalana. Que escoja entre interpretar la hipotética celebración de una consulta como un triunfo de la democracia o un estrepitoso fracaso en el cumplimiento de las funciones que se esperan de todo gobierno democrático.

A. Mármol

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No sabemos qué queremos decir

La ley no es igual para todos. Esta frase se vaticinaba a partir del mediodía del martes cuando la Audiencia de Palma decidió estimar el recurso presentado por la Fiscalía i dejar sin efectos la imputación de la Infanta Cristina. Se vaticinaba a pesar de que, dejando de lado la falta de indicios que incriminen a la hija del Rey que alegó la Fiscalía, el motivo principal al que se acogió el texto era el de la igualdad de todas las personas ante la ley, que comportaba, por tanto, la presunta existencia de un trato discriminatorio hacia la Infanta.

No obstante, la queja popular se preveía más allá de la decisión de la Audiencia de eximir a la duquesa de Palma de responsabilidades vinculadas al caso Nóos –que no de un posible delito fiscal contra la Hacienda Pública ni blanqueo de capitales-. Se preveía porque la condena social a la Infanta ya quedó decidida desde el pasado 3 de abril, cuando el juez Castro anunció que había indicios suficientes para llamarla a declarar. He aquí el malentendido entre el efecto-causa que se produce. Que un juez lícitamente encargado de un presunto caso de malversación tome la decisión de imputar a la hija del Rey después de analizar un expediente de más de setenta mil -¡70000!- páginas forma parte del procedimiento legal que ha de seguir la Justicia de este país para garantizar la democracia, que es que los culpables sean condenados y que la ciudadanía vea como los delitos no quedan impunes. También forma parte de la legalidad el recurso de la Fiscalía y la posterior decisión de la Audiencia de retirar la imputación de la Infanta. Lo que en ningún caso está reconocido en un proceso de determinación de responsabilidades penales son las ganas de sangre y la presión social que ejercen algunos sectores de la opinión pública y de la ciudadanía en general.

Y es que la abundancia de indocumentados –sí, aquellos que se hacen llamar líderes (?) de la opinión pública- ha generado, entre otras cosas, una ansia ciudadana que pide a gritos ver la sentencia de culpabilidad para la Infanta, más allá del camino que siga el estricto proceso judicial del caso Nóos. Una parte de la sociedad ya no quedará satisfecha con el poder judicial si no ve a los duques de Palma finalmente encarcelados, exiliados, o vayan a saber qué. Parece que las decisiones de los órganos judiciales ya no tienen vigencia ni legitimidad si no resultan en sentencias favorables a los deseos de la ciudadanía que tanto clama “¡JUSTICIA!”.

El martes pudimos comprobar como el ejercicio del poder judicial fue tachado de elitista, de estar a favor de los intereses de “unos cuantos” –expresión tan imprecisa y vulgar que no obstante goza de una notable popularidad-, de ser poco transparente. Ante esto, la pregunta que una servidora se plantea es si la alternativa a esta atrocidad de sistema judicial es el aumento de una presión social. Porque parece que los reclamos apuntan en la dirección de interferir directamente en un proceso que queda lejos de las opiniones con hambre de destrucción.

Desde que existe la democracia –y hasta que yo tengo constancia de ello- la Justicia está al servicio de los ciudadanos en tanto que es independiente de las presiones de los diversos colectivos que integran la sociedad. La Justicia entendida de esta manera no tiene la finalidad de llenar portadas, debates o tertulias –aquí es desde donde se alimenta la furia de la sociedad civil-, sino de mantenerse al margen de las pulsiones que buscan políticos, periodistas, sindicatos y otras asociaciones. Esto quiere decir que la ley sea igual para todos, el hecho de ceñirse al criterio de los magistrados y depositar confianza en los mecanismos que permiten recurrir -desde las propias instituciones judiciales- las decisiones por parte de quienes dedican su actividad laboral a garantizar el derecho a la Justicia.

La apuesta por el respeto al proceso legítimo es una muestra de consideración a los profesionales que dedican esfuerzos en determinar la culpabilidad o inocencia de los sujetos jurídicos. De ninguna manera se puede hablar de justicia intentando que las reacciones de las masas incidan en la toma de decisiones, y mucho menos en las consecuencias institucionales que estas tengan. Es lícito defender posiciones determinadas frente la Monarquía, gozamos de una democracia que así lo permite. Lo que bajo mi punto de vista no goza de legitimidad moral es contaminar el desarrollo de un proceso judicial en beneficio de la construcción de argumentos favorables o contrarios a temas que se encuentran a debate en la actualidad.

A. Mármol

No sabem el que volem dir

La llei no és igual per tothom. Aquesta frase es vaticinava a partir del migdia de dimarts quan l’Audiència de Palma va decidir estimar el recurs presentat per la Fiscalia i deixar sense efectes la imputació de la Infanta Cristina. Es vaticinava malgrat que, a banda de la manca d’indicis que incriminin a la filla del rei que va al·legar la Fiscalia, el motiu principal al qual es va acollir el text era el de la igualtat de tothom davant la llei, que comportava, per tant, la presumpta existència d’un tracte discriminatori cap a la Infanta.

Però la queixa popular es preveia més enllà de la decisió de l’Audiència d’eximir la duquessa de Palma de responsabilitats vinculades al cas Nóos –no d’un possible delicte fiscal contra la Hisenda Pública ni blanqueig de capitals-. Es preveia perquè la condemna social a la Infanta ja va quedar feta des del passat 3 d’abril, quan el jutge Castro va decidir que hi havia indicis suficients per cridar-la a declarar. Vet aquí el malentès entre l’efecte-causa que es produeix. Que un jutge lícitament encarregat d’un presumpte cas de malversació prengui la decisió d’imputar la filla del rei després d’analitzar un expedient de més de setanta mil -70.000!- pàgines forma part del procediment legal que ha de seguir la Justícia d’aquest país per garantir la democràcia, que és que els culpables siguin condemnats i que la ciutadania vegi com els delictes no queden impunes. També forma part de la legalitat el recurs de la Fiscalia i la posterior decisió de l’Audiència de retirar la imputació de la Infanta. El que en cap cas està reconegut en un procés de determinar responsabilitats penals són les ganes de sang i la pressió social que exerceixen alguns sectors de l’opinió pública i de la ciutadania en general.

I és que l’abundància d’indocumentats –sí, aquells qui es fan dir líders (?) de la opinió pública- ha generat, entre altres coses, una ànsia ciutadana que demana a crits veure la sentència de culpabilitat per a la Infanta, més enllà del camí que segueixi l’estricte procés judicial del cas Nóos. Una part de la societat ja no quedarà satisfeta amb el poder judicial si no veu els ducs de Palma finalment empresonats, exiliats, o ves a saber què. Sembla que les decisions dels òrgans judicials ja no tenen vigència ni legitimitat si no resulten en sentències favorables als desitjos de la ciutadania que tant demana “JUSTÍCIA!”.

Dimarts vam comprovar com l’exercici del poder judicial va ser titllat d’elitista, d’estar a favor dels interessos “d’uns quants” –expressió d’una popularitat notable a pesar de la seva imprecisió-, de ser poc transparent. Davant d’això, la pregunta que una servidora es planteja és si l’alternativa a aquesta atrocitat de sistema judicial és l’augment d’una pressió social. Perquè sembla que els clams apunten en la direcció d’interferir directament en un procés que queda lluny de les opinions amb fam de destrucció.

Des que existeix la democràcia –i fins que jo en tinc constància- la Justícia està al servei dels ciutadans en tant que és independent de les pressions dels diversos col·lectius que integren la societat. La Justícia entesa d’aquesta manera no té la finalitat d’omplir portades, debats o tertúlies –aquí és des d’on s’alimenta la fúria de la societat civil-, sinó de mantenir-se al marge de les pulsacions que busquen polítics, periodistes, sindicats i altres associacions. Això vol dir que la llei sigui igual per tothom, el fet de cenyir-se al criteri dels magistrats i dipositar confiança en els mecanismes que permeten recórrer -des de les pròpies institucions judicials- les decisions per part dels qui dediquen la seva activitat laboral a garantir el dret a la Justícia.

L’aposta pel respecte al procés legítim és una mostra de consideració als professionals que dediquen esforços en determinar la culpabilitat o innocència dels subjectes jurídics. De cap manera es pot parlar de justícia intentant que les reaccions de les masses incideixen en la presa de decisions, i molt menys en les conseqüències institucionals que aquestes tinguin. És lícit defensar posicions determinades davant la Monarquia, gaudim d’una democràcia que així ho permet. El que sota el meu punt de vista no gaudeix de legitimitat moral és contaminar el desenvolupament d’un procés judicial en benefici de la construcció d’arguments favorables o contraris a qüestions que es debaten a l’actualitat.

A. Mármol

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La cumbre y su utilitdad

Compromiso, integración, cohesión, participación, unidad. Estos son los sustantivos que han decidido usar los dirigentes políticos de las formaciones CiU i ERC para describir los resultados de la tan anunciada cumbre celebrada ayer, lunes 6 de mayo. Qué decir de la ceguera crónica que parecen sufrir los portavoces de los dos partidos que tienen la misión –hasta hoy sin empezar- de gobernar Cataluña durante lo que dure esta legislatura cuando incluso TV3 pregunta en su matinal a cerca del provecho de la celebración de dicha reunión.

No obstante, resulta exagerado calificar de inútil o estéril la cumbre. No porque se hayan tomado decisiones que ponen las bases de nuevas decisiones que ayudarán a decidir cómo abordar el “derecho a decidir”. Eso no. Lo que cabe apreciar a raíz de esta fracasada puesta en común -¡qué nueva estafa semántica!- es lo que con gran acierto ha destacado hoy la prensa: el desmarque del PSC. El partido de Pere Navarro, ese líder tan llamado al orden recientemente por Carme Chacón y Alicia Sánchez-Camacho, se ha desvinculado de una forma que parece definitiva de la táctica de Artur Mas para conseguir el anhelado Estado propio.

No voy a ser yo la que sentencie quién o qué ha hecho ver al tan presuntamente desorientado PSC el “derecho a decidir” como sinónimo inequívoco de estado propio –y no digo independencia porque tampoco lo ha dicho nunca CiU-. De hecho, ni si quiera podría calificarse de repentina la decisión de Navarro, pues tras la primera declaración de soberanía -¡aquel emplasto de palabrería!- el portavoz del grupo parlamentario, Maurici Lucena, ya anunció que “no entraba en los planes del PSC sepultar el derecho a decidir”.

Bien. Es aquí donde cobra sentido el hecho de atribuir cierta utilidad a la cumbre. Es notable que la prensa recuerde hoy que Convergencia asuma el “derecho a decidir” como una mero trámite hacia su objetivo secesionista. Esto que no debería suponer ningún descubrimiento existencial para nadie en Cataluña, dibuja sin embargo un nuevo panorama en la política catalana en tanto que Navarro y los suyos abandonan el camino hacia la ruptura con España. No quiere decir esto que el PSC vuelva a ser de inmediato lo que algún día fue en Cataluña, pues como tradicional grupo representante de la pluralidad catalana –y reflejo mismamente de lo que es la unidad de Cataluña- ha sufrido y se resiente de la locura que supone plantear la independencia catalana: se divide, se rompe, se pierde. A esto habría que añadir la manía socialista de confundir la democracia con el poder de esa entidad difusa a la que se llama pueblo como aval a un derecho inexistente que es el derecho a decidir, pero ese jardín es otro tema que, a pesar de que hay que ir recordando, parece ser ignorado por el Parlamento catalán.

Lo importante hoy es constatar otro nuevo fracaso del gobierno de Artur Mas y sus intentos de homogenizar la sociedad catalana, una sociedad que, si puede presumir de algo, es precisamente de su pluralidad, esa pluralidad que debe exclusivamente a todos y a cada uno de los ciudadanos que la integran. CiU i ERC pretendían “sumar fuerzas” -¡fuerzas, no argumentos, ni acuerdos, fuerzas!- para continuar con su camino hacia el estado propio, pero ni la prensa más condescendiente ha podido destacar hoy de modo alguno el mínimo triunfo o avance en el debate en torno a la independencia de Cataluña.

Con la reunión de ayer acaban las sumas de 107 diputados. La cumbre resta, divide, separa, quita cohesión y anula compromisos de los que –tan intolerable y ridículamente- seguirán alardeando algunos portavoces del gobierno de Mas.

A. Mármol

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La cimera i la seva utilitat

Compromís, integració, cohesió, participació, unitat. Aquests són els substantius que han decidit fer servir els dirigents polítics de les formacions CiU i ERC per descriure els resultats de la tan anunciada cimera celebrada ahir, dilluns 6 de maig. Què dir de la ceguera crònica que semblen patir els portaveus dels dos partits que tenen la missió –fins avui per començar- de governar Catalunya durant el que duri aquesta legislatura quan fins i tot TV3 pregunta al seu matinal pel profit de la celebració de l’esmentada reunió.

No obstant, resulta exagerat qualificar d’inútil o estèril la cimera. No perquè s’hagin pres decisions que posen les bases de noves decisions que ajudaran a decidir com abordar el “dret a decidir”. Això no. El que cal apreciar arran d’aquesta fracassada posada en comú -¡quina nova estafa semàntica!- es el que molt encertadament ha destacat avui la premsa: el desmarcatge del PSC. El partit de Pere Navarro, aquest líder tan cridat a l’ordre recentment per Carme Chacón i Alicia Sánchez-Camacho, s’ha desvinculat d’una forma que sembla definitiva de la tàctica d’Artur Mas per aconseguir l’anhelat Estat propi.

No seré jo qui sentenciï qui o què ha fet veure al tan presumptament desorientat PSC el “dret a decidir” com a sinònim inequívoc d’estat propi –i no dic independència perquè tampoc ho ha dit mai CiU-. De fet, ni tan sols podria qualificar-se de sobtada la decisió de Navarro, doncs després de la primera declaració de sobirania –aquell cataplasma de paraulera!- el portaveu del grup parlamentari, Maurici Lucena, ja va anunciar que “no entrava dins els plans del PSC enterrar el dret a decidir”.

Bé. És aquí on cobra sentit el fet d’atribuir certa utilitat a la cimera. És notable que la premsa recordi avui que Convergència assumeixi el “dret a decidir” com un simple tràmit cap al seu objectiu secessionista. Això que no hauria de suposar cap descobriment existencial per a ningú a Catalunya, dibuixa un nou panorama a la política catalana en tant que Navarro i els seus abandonen el camí que porta a la ruptura amb Espanya. No vol dir això que el PSC torni a ser d’immediat allò que algun dia va ser a Catalunya, doncs com a tradicional grup representant de la pluralitat catalana- i reflex de la mateixa manera del que és la unitat de Catalunya- ha patit i es ressent de la bogeria que suposa plantejar la independència catalana: es divideix, es tenca, es perd. A això caldria afegir la mania socialista de confondre la democràcia amb el poder d’aquella entitat difusa a la que s’anomena poble que avala un dret inexistent que és el dret a decidir, però aquest jardí és un altre tema que, malgrat s’ha d’anar recordant, sembla ser ignorant per Parlament català.

El que és important avui és constatar un nou fracàs del govern d’Artur Mas i els seus intents d’homogeneïtzar la societat catalana, una societat que, si pot presumir d’alguna cosa, és precisament de la seva pluralitat, aquesta pluralitat que deu exclusivament a tots i cadascun dels ciutadans que la integren. CiU i ERC pretenien “sumar forces” –forces, no arguments, ni acords, forces”- per continuar en el seu camí cap a l’estat propi, però ni la premsa més condescendent ha pogut destacar avui en cap cas el mínim triomf o avenç en el debat entorn la independència de Catalunya.

Amb la reunió d’ahir acaben les sumes de 107 diputats. La cimera resta, divideix, separa, treu cohesió i anul·la compromisos dels que –tan intolerable i ridículament- continuaran fatxendejant alguns portaveus del govern de Mas.

A. Mármol

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